MADRID, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -
Izquierda Unida e Iniciativa per Catalunya ha registrado una proposición no de ley en el Congreso por la que insta al Gobierno a que cierre todos los centros de internamiento existentes en España (CIE) porque, en condiciones inhumanas de internamiento, se producen "frecuentes abusos y malos tratos, dificultades y trabas para acceder al juez, al fiscal, a sus abogados, familiares o a la asistencia médica".
La iniciativa, a la que ha tenido acceso Europa Press, ha sido registrada por la diputada de ICV Nuria Buenaventura y el diputado de IU Gaspar Llamazares, y en ella se solicita igualmente la puesta en marcha de medidas alternativas que regulen las migraciones en España.
En la exposición de motivos, IU-ICV explica que la actual legislación de extranjería obliga, a los efectos de asegurar su expulsión, al internamiento preventivo y sistemático de toda persona extranjera en situación administrativa irregular, a pesar de que no haya cometido ningún delito.
"Todo ello documenta otras violaciones de derechos humanos no derogables, tales como el derecho a la integridad física y moral, así como el derecho a un recurso efectivo. En definitiva, las personas internadas en los CIE sufren una discriminación múltiple que es incompatible con los artículos 5 y 6 de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial (CIEDR)", agrega.
De igual forma, señala que tampoco se respetan en los CIE los derechos económicos, sociales y culturales de las personas internadas, y en particular el derecho de acceso en condiciones de igualdad a la salud pública, la asistencia médica, la seguridad social y los servicios sociales a los que tienen derecho toda persona privada de libertad.
CASI 9.000 EXPULSADOS DE ESPAÑA EN 2009
IU-ICV hace alusión en este sentido a un dictamen presentado ante Naciones Unidas por la Asociación Española para el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, para la Eliminación de la Discriminación Racial (CEDR), que recoge que en 2009, de las 16.590 personas extranjeras internadas en los CIES, 8.935 fueron expulsadas del país.
Además, detalla que la estancia de una persona extranjera en estos centros puede durar hasta sesenta días y, una vez agotado ese plazo, y con independencia del estado en el que se encuentre el procedimiento administrativo sancionador, la persona extranjera internada debe ser necesariamente puesta en libertad.
Puesto que el internamiento en los CIE se concibe como una medida cautelar de aseguramiento personal durante la tramitación de un procedimiento administrativo de expulsión, considera "contradictorio" que en casi la mitad de los casos el procedimiento no haya culminado con el efecto que se pretendía asegurar con la medida.
"Se trata de una medida legislativa desproporcionada en relación al objetivo del Estado de regular las migraciones. Es discriminatoria por lo que debería abolirse el internamiento en CIE", apostilla.
En esta línea, propone otras medidas cautelares, "compatibles con el derecho a la libertad y seguridad de todas las personas y no discriminatorias", tales como: la notificación periódica a las autoridades, el depósito de una garantía financiera, o la obligación de permanecer en un domicilio designado, un centro abierto u otro tipo de vivienda especial.
